Ante una fiscalización como la descrita, las empresas de seguridad y transporte de valores deben fortalecer diferentes mecanismos internos que aseguren el cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en la Ley N.º 21.659 y el D.S. N.º 209. Esto es fundamental considerando que la autoridad fiscalizadora posee amplias facultades para revisar documentación, instalaciones y procedimientos, tal como lo señala el artículo 83 de la Ley N.º 21.659.

En primer lugar, la empresa debe reforzar un sistema de control y seguimiento de las credenciales del personal acreditado. La falta de credencial vigente constituye una infracción que puede ser considerada grave, especialmente cuando afecta requisitos habilitantes del personal, según el artículo 95 de la Ley N.º 21.659. Mantener registros actualizados, alertas de vencimiento y verificaciones periódicas permite prevenir este tipo de incumplimientos.

En segundo lugar, es necesario fortalecer los mecanismos de registro operativo, especialmente la bitácora de servicios y los reportes obligatorios. El D.S. N.º 209 exige mantener documentación completa y trazable, reflejando las actividades del servicio. Un sistema ordenado de registros facilita demostrar cumplimiento ante una fiscalización y evita observaciones por falta de información.

Finalmente, la empresa debe mejorar su gestión documental y su capacidad de respuesta ante requerimientos de la autoridad. El procedimiento de fiscalización descrito en el D.S. N.º 209 señala que la documentación debe estar disponible y entregarse oportunamente durante la inspección. No responder adecuadamente puede interpretarse como una falta o incluso como obstrucción a la labor fiscalizadora.

En síntesis, para asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones, las empresas deben implementar controles internos robustos, mantener documentación actualizada, verificar la vigencia de la acreditación del personal y capacitar a sus equipos en los procedimientos legales. Esto fortalece la profesionalización del servicio y mejora la relación con la autoridad fiscalizadora.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la vulneración directa de la Ley N.º 21.659, que establece los requisitos mínimos para asegurar la idoneidad del personal operativo. Esta ley exige que todo trabajador cuente con acreditación vigente otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que no posea antecedentes penales, que tenga enseñanza media completa y que haya aprobado los cursos de formación correspondientes. Estos requisitos no son meros trámites administrativos, sino garantías para que quienes desempeñan funciones de vigilancia, control o protección cuenten con el nivel mínimo de preparación técnica y legal.

Permitir que personas sin acreditación ejerzan estas funciones implica desconocer los límites operativos definidos por la normativa. La Ley 21.659 establece que el personal no puede intervenir en conflictos de orden público, no puede realizar controles de identidad fuera de las condiciones legales y que solo los vigilantes privados pueden portar armas bajo requisitos estrictos. Un trabajador sin formación desconoce estos límites, lo que incrementa el riesgo de actuaciones indebidas, uso desproporcionado de la fuerza o vulneración de los derechos de las personas.

En la práctica, esto puede generar incidentes, daños a terceros, responsabilidad legal para las empresas y pérdida de confianza en el sistema de seguridad privada. Por eso, la acreditación no es solo un requisito formal, sino una herramienta fundamental para garantizar un ejercicio profesional, legal y responsable dentro del ámbito de la seguridad privada.

Considero que es justo que el empleador asuma parte de la responsabilidad cuando el prestador de seguridad no cumple con la normativa, porque la Ley N° 21.659 establece que la responsabilidad en materia de seguridad privada es compartida. No basta con contratar a una empresa externa; el empleador debe verificar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales, que el personal tenga su acreditación vigente y que las medidas de seguridad estén correctamente implementadas.

En el caso del Hospital San Rafael, se evidencia una falta de control por parte del empleador. Se permitió que un guardia trabajara sin su credencial OS-10 vigente, se contrató a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada y, además, el hospital no contaba con un Estudio de Seguridad actualizado. Todas estas situaciones reflejan que no existió un proceso adecuado de supervisión, pese a que la normativa exige coordinación y verificación constante entre el usuario del servicio y el prestador.

Desde mi perspectiva, el empleador tiene un rol clave en garantizar que el servicio de seguridad funcione correctamente. Cuando no se realizan controles básicos, aumentan los riesgos operativos y normativos, afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios del establecimiento. Por eso, considero que la responsabilidad debe ser compartida: el prestador por no cumplir con la ley, y el empleador por no fiscalizar lo que contrata.

En resumen, la seguridad es un proceso conjunto y cuando una de las partes falla, se debilita todo el sistema. Por eso, es razonable que el empleador también deba asumir responsabilidad en este tipo de situaciones.

En el caso de “Agrocomercial Sur S.A.”, se observan varios incumplimientos graves en relación con la Ley N.º 21.659, que regula las obligaciones de las entidades clasificadas como de riesgo para la seguridad pública.

En primer lugar, al ser notificada formalmente como entidad obligada, la empresa debía cumplir con lo establecido en el Título II de la ley. Esto implica elaborar un Estudio de Seguridad dentro de los 60 días hábiles posteriores a la notificación, tal como lo exige el Art. 13. Este estudio es fundamental para identificar los riesgos asociados al manejo y almacenamiento de fertilizantes y productos químicos, los cuales entran dentro de las actividades de “alto riesgo”, según los criterios del Art. 8.

Además, la empresa tampoco implementó ninguna de las medidas de seguridad aprobadas, incumpliendo el Art. 19, que obliga a adoptar dichas medidas dentro de un plazo máximo de 30 días luego de su aprobación. La falta de coordinación con Carabineros también vulnera el Art. 18, que establece la necesidad de mantener comunicación y cooperación con la autoridad fiscalizadora.

Otro punto crítico es que la empresa afirma “no estar al tanto” de su condición de entidad obligada. Sin embargo, la resolución emitida por la Subsecretaría de Prevención del Delito es vinculante, y una vez notificada, la organización es plenamente responsable de su cumplimiento. El desconocimiento no la exime de responsabilidad administrativa.

De acuerdo con el Título VII de la Ley 21.659, estas conductas podrían ser consideradas infracciones graves o gravísimas, especialmente por funcionar sin un Estudio de Seguridad vigente y por no implementar medidas obligatorias. Las sanciones pueden incluir multas que van desde 15 hasta 13.500 UTM, e incluso la clausura parcial o total del establecimiento, dependiendo de la gravedad constatada.

En conclusión, este caso evidencia la importancia de conocer la normativa y actuar oportunamente al ser clasificado como entidad obligada. Contar con un Estudio de Seguridad actualizado, personal acreditado y una adecuada coordinación con Carabineros no solo permite cumplir la ley, sino que reduce los riesgos asociados a actividades de alto impacto, protegiendo tanto a los trabajadores como a la comunidad.

La nueva Ley 21.659 va a hacer que el trabajo diario sea más ordenado y profesional. Los guardias tendremos que cumplir protocolos claros, dejar todo registrado y mantener nuestras acreditaciones al día. Esto hace el trabajo más exigente, pero también más serio.

Para quienes contratan, la responsabilidad también aumenta. Ahora deben asegurarse de que todo se haga como corresponde y que la empresa cumpla la ley. Si algo falla, ellos también responden. En simple: esta ley obliga a todos a trabajar mejor y con más responsabilidad.