Considero que existe un alto índice que disminuya la efectividad en el rol preventivo y en respuesta ante situaciones de riesgo, lo que puede resultar en algún tipo de ilícitos, lo que genera una percepción de inseguridad en el entorno.

Riesgo principal:

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la pérdida de confianza en el sistema de seguridad privada y la *exposición a riesgos para la comunidad y los clientes.

Elementos normativos:

– Ley N° 21.659: Esta ley establece los requisitos para la acreditación y funcionamiento de las empresas de seguridad privada, incluyendo la capacitación y certificación del personal operativo.
– Reglamento de la Ley N° 21.659: El reglamento establece los detalles específicos para la implementación de la ley, incluyendo los requisitos para la acreditación y la capacitación del personal operativo.

Consecuencias:

– Incumplimiento de estándares mínimos: El personal no acreditado o mal capacitado puede no cumplir con los estándares mínimos de calidad y seguridad, lo que puede generar riesgos para la comunidad y los clientes.
– Pérdida de confianza: La falta de acreditación y capacitación adecuada puede generar pérdida de confianza en el sistema de seguridad privada, lo que puede afectar la reputación de las empresas y la industria en general.
– Riesgos legales y financieros: La falta de acreditación y capacitación adecuada puede generar riesgos legales y financieros para las empresas de seguridad privada, incluyendo sanciones y demandas.

Casos reales:

– Incidentes de seguridad: Hay casos documentados de incidentes de seguridad que han ocurrido debido a la falta de capacitación y acreditación adecuada del personal de seguridad privada.
– Sanciones y multas: Las empresas de seguridad privada han sido sancionadas y multadas por no cumplir con los requisitos de acreditación y capacitación del personal operativo.

En resumen, el principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la pérdida de confianza en el sistema de seguridad privada y la exposición a riesgos para la comunidad y los clientes. La acreditación y la capacitación adecuada del personal operativo son fundamentales para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Relación a la pregunta en cuestión, en mi entendimiento el espíritu de la Ley Nro.
21.659 en sus Articulados, es la profesionalización del Servicio de Seguridad
Privada en Chile, tanto a nivel administrativo, operativo, elevando el estándar a todo
nivel, modernizando los procesos, con capacitaciones permanentes, mejorando
controles internos, agregando además el respeto irrestricto a las personas ( DDHH),
con una base de dato sólida y actualizada (Registro Nacional), lo que permitirá una
trazabilidad ante situaciones espcificas que requiera su uso.
Los riesgos que puede tener a una empresa al presentar, personal no acreditado o
mal capacitado, conforme a la Ley, es considerada como una falta gravísima tanto
para el trabajador, como para la empresa, la Ley Nro. 21.659 es clara y precisa (
cumplir con su autorización, registros, antecedentes actualizados ante la SPD ,
poseer credencial vigente otorgada por la misma entidad estatal).
Esta falta gravísima, crea según mi punto de análisis un daño de imagen al servicio
de Seguridad Privada (cuestionamiento social), además de dar un pésimo servicio
al cliente (que tiene por cierto en no respuesta de la empresa responsabilidad
solidaria) y esta sea una empresa jurídica o natural, tiene sanciones pecuniarias de
alto valor y que puede llevar a la cancelación de su servicio de seguridad de forma
definitiva y desaparecer como empresa prestadora del Servicio en mención. En
resumen se debe tener un cabal conocimiento de los procesos y control del personal
para si evitar problemas tanto administrativos como operativos.

Contratar a una persona que carezca de idoneidad profesional o capacitada nos exponemos a prestar un mal servicio lo que puede implicar graves consecuencias a instalaciones y/o publico en general.

El principal riesgo es el peligro inminente para la seguridad e integridad de las personas y los bienes. El personal no acreditado o mal capacitado carece de las habilidades necesarias para manejar situaciones de crisis, lo que puede llevar a consecuencias graves.
Riesgos Clave
1)-Inefectividad y reacciones inadecuadas: Sin la capacitación adecuada, el personal puede reaccionar de forma tardía o incorrecta ante emergencias como robos o agresiones, lo que podría agravar la situación.
2)-Violación de la ley: El desconocimiento de la normativa, como la Ley N° 21.659, puede llevar a que el personal cometa infracciones o actos ilegales, lo que expone a la empresa y al cliente a sanciones y responsabilidades legales.
3)-Uso excesivo de la fuerza: La falta de entrenamiento en el uso de la fuerza y técnicas de contención puede resultar en lesiones a terceros y en demandas por abuso de poder.
4)-Daño a la reputación: Contratar personal no calificado deteriora la credibilidad y la imagen de la empresa de seguridad y de sus clientes, pudiendo llevar a la pérdida de negocios y a la desconfianza pública.

EL principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la posibilidad de que se produzcan situaciones de peligro y se incremente el riesgo de accidentes y errores en el trabajo. Algunos de los riesgos específicos son :
– Riesgos laborales: La falta de capacitación adecuada puede generar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental en los trabajadores de seguridad privada, lo que puede afectar su desempeño y aumentar el riesgo de accidentes.
– Disminución de la productividad y calidad del servicio: La falta de capacitación puede llevar a errores y retrasos en la prestación del servicio, lo que puede afectar la calidad y eficiencia del trabajo.
– Incremento de conflictos y problemas de seguridad: La falta de conocimientos y habilidades puede generar malentendidos y desacuerdos entre los trabajadores de seguridad privada y otros, lo que puede crear un ambiente laboral tenso y aumentar el riesgo de incidentes de seguridad.
– Desprestigio de la empresa y pérdida de confianza: La falta de capacitación adecuada puede afectar negativamente la reputación de la empresa de seguridad privada y llevar a la pérdida de confianza de los clientes.
– Riesgos legales y financieros: La falta de capacitación adecuada puede llevar a errores y negligencia en el trabajo, lo que puede generar responsabilidades legales y financieras

Es importante destacar que la capacitación adecuada es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el trabajo de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada deben priorizar la capacitación y el desarrollo de sus trabajadores para minimizar los riesgos y garantizar la calidad del servicio.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la generación de vulnerabilidades y brechas de seguridad en la seguridad pública y privada, lo que puede traducirse en consecuencias graves tanto para las organizaciones, las personas y usuarios finales de los sistemas de seguridad. De esto, se puede extraer lo siguiente:
– Responsabilidad civil y penal en casos de incidentes (lesiones, abuso de autoridad, entre otros).
– Faltas, multas y -eventualmente- la cancelación de la autorización de funcionamiento o de operar.
-Clientes (empresas mandantes) con inseguridad ante fiscalizaciones.
– Perdida de prestigio, ya que la empresa de seguridad no cumple con los estándares básicos que emana la Ley, degradando su imagen, seriedad y profesionalismo.
– En el caso de prohibición de funcionamiento, la perdida de trabajo por los colaboradores que componen la empresa – y su impacto social con sus familias-. entre otras.

Como se puede ver el mayor riesgo es la combinación entre inseguridad real y responsabilidad legal, ya que personal no acreditado no solo falla en proteger, sino que además expone a la empresa y a los usuarios a graves consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

¿Cuál consideras que es el principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada?
Primero es importante hacer la diferencia entre capacitado y acreditado, El personal podría estar capacitado y no acreditado cumpliendo con funciones como GGSS o VVPP. Lo anterior, asumiendo el riesgo por parte del prestador y el contratante a enfrentar situaciones que pongan en peligro la seguridad física de las instalaciones bajo su responsabilidad, como también las de los guardias y de terceros involucrados. De lo anterior, se deduce que la acreditación se vuelve indispensable, debido a que es el mecanismo que permite asegurar que cada integrante del sistema de seguridad privada, está en condiciones de ejercer sus funciones, tanto en el ámbito que regula la ley, cómo en aquellos aspectos de idoneidad, salud y condición menta.
Todo lo anterior, se traduce en los riesgos laborales, legales, procedimentales y finalmente repercutirán directamente en las personas.
Y en virtud de los principios establecidos por la ley, la profesionalización se alza como uno de sus pilares fundamentales en el buen funcionamiento y cumplimiento de ésta como un todo.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada radica en la vulneración de derechos fundamentales y en el ejercicio ilegal de funciones que comprometen la seguridad pública y privada. La Ley 21.650 establece claramente, en su Artículo 22, que toda persona que desempeñe funciones operativas en seguridad privada debe contar con una autorización individual otorgada por la Autoridad Fiscalizadora, previo cumplimiento de requisitos como formación, evaluación psicológica y revisión de antecedentes.
Cuando se permite que personal no acreditado opere, se infringen estos requisitos, lo que impide garantizar la idoneidad, el conocimiento de los límites legales y el comportamiento ético del trabajador, generando un riesgo real de uso excesivo de la fuerza, discriminación o detenciones arbitrarias. Además, según el Artículo 7, las empresas y empleadores son responsables de que su personal esté debidamente acreditado, por lo que incurrir en esta falta también expone a sanciones administrativas e incluso penales.
Además, este incumplimiento debilita la labor fiscalizadora del Estado, ya que escapa del control formal establecido por la ley. En consecuencia, no solo se afecta la calidad del servicio, sino que también se pone en peligro la confianza pública en el sistema de seguridad privada, afectando la convivencia social y el orden legal.

Es fundamental que las personas que ejercen un oficio o profesión, lo hagan moralmente y eticamente aptos y con las capacidades o intrucciones respectivas, de esta forma no se sentirá disminuido ante sus pares o el publico que deba atender en razón de las tareas encomendadas. Por otro lado, un tema no menor es la responsabilidad que le cabe a las organizacines que contraten a personas que no cumplan los requisitos basicos, dada las consecuencias legales y economicas que esto pudiese ocasionar, considerando el articulo 22 de la Ley 21.650 en lo que se refiere a requisitos, autorización y la acreditación respectiva.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada radica en la vulneración directa de los principios de legalidad, trazabilidad y protección efectiva, pilares fundamentales de la Ley N° 21.659. La acreditación OS-10 vigente no es un trámite accesorio, sino un requisito habilitante que valida la idoneidad técnica y ética del trabajador para ejercer funciones que, por su naturaleza, implican contacto directo con personas, bienes y procesos críticos.
Cuando se omite este requisito, se expone a la organización contratante y a los usuarios del servicio a riesgos operativos, legales y reputacionales. Un guardia sin formación adecuada puede incurrir en uso indebido de la fuerza, omisión de protocolos ante emergencias o incluso vulneración de derechos fundamentales. Además, la falta de acreditación impide a Carabineros de Chile ejercer fiscalización efectiva, debilitando el control institucional sobre el sistema.
Desde mi experiencia en gestión preventiva, he observado que la ausencia de formación continua en supervisores y encargados de seguridad genera brechas operativas graves, especialmente en entornos de alta concurrencia como hospitales o centros comerciales. La Ley N° 21.659, en su artículo 9, exige coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito y conservación de antecedentes que permitan individualizar responsabilidades ante hechos que revistan carácter de delito. Sin acreditación, esta trazabilidad se pierde.
En conclusión, permitir que personal no acreditado opere en seguridad privada no solo infringe la ley, sino que compromete la eficacia del sistema, la seguridad de las personas y la legitimidad institucional del servicio. La formación y acreditación no deben entenderse como requisitos administrativos, sino como garantías mínimas para un ejercicio profesional, legal y responsable.

Creo que al establecerse en la Ley 21.659 deberes operativos y restricciones normativas al personal, resultaría casi una negligencia el contratar personal mal capacitado o no acreditado para ejercer funciones de seguridad privada. En este caso en particular, los riesgos que se visualizan son diversos. El desconocimiento legal de un trabajador con estos problemas, puede vulnerar los derechos fundamentales de algún ciudadano, no cumplir con los estándares físicos, de salud o técnicos también ponen en riesgo lo que se está resguardando y al público en general y su entorno. La empresa que presta el servicio y el contratante, se exponen a multas económicas, suspensión de sus actividades y otro tipo de denuncias derivadas de delitos que se pudiesen generar por esta imprudencia de no controlar su acreditación y capacitación.

Foro de Discusión – Personal de Seguridad Privada Tema: Riesgo de personal no acreditado o mal
capacitado Considero que el principal riesgo que permite que personal no acreditado o mal capacitado
preste servicios de seguridad privada es la falta de control y fiscalización efectiva, tanto por parte de
las empresas como de las autoridades competentes. Cuando una empresa prioriza la cobertura
operativa o la reducción de costos por sobre la calidad del personal, se abre una brecha peligrosa que
afecta directamente la seguridad de las personas y de los bienes que se pretende proteger. Un guardia
sin acreditación vigente o con formación deficiente no solo desconoce los procedimientos técnicos y
legales que rigen su labor, sino que también puede actuar fuera del marco normativo, incurriendo en
vulneraciones a los derechos de los usuarios o en una respuesta inadecuada ante emergencias. Este
tipo de situaciones daña la credibilidad del sistema de seguridad privada y puede tener consecuencias
graves, como lesiones, pérdidas materiales o conflictos judiciales. La formación continua y la
acreditación oficial son pilares fundamentales que garantizan la idoneidad profesional del personal
operativo. Sin ellas, la labor de seguridad pierde legitimidad y eficacia. Por ello, es esencial fortalecer
los mecanismos de supervisión, la capacitación permanente y la responsabilidad ética de las
empresas y supervisores que contratan estos servicios.

• Esta respuesta fue modificada hace 10 meses, 3 semanas por Catherine Claudia Medina Gutierrez.

Proceder a contratar personal no acreditado y no calificado para el ejercicio de la seguridad privada primeramente incurre en una ilegalidad pues la ley 21.659 dicta como uno de sus pilares fundamentales base la profesionalización del oficio, dando pautas claras de la normativa legal vigente en materia. Además de incurrir en una ilegalidad, contratar personal no acreditado y no calificado puede contribuir a acrecentar la inseguridad del servicio entregado por la empresa prestadora hacia la instalación de la empresa contratante. Es necesario que el personal que recluta, acredita y contrata sea ampliamente idóneo y conocedor de las leyes actuales para que de esta forma la empresa contrate solo a los mejores elementos, personal ampliamente acreditado y capacitado en el sector. De lo contrario se corre el riesgo de perder reputación en el ámbito de la seguridad privada.

A modo personal adjunto como ejemplo sin dar nombres.
Hace un par de años tuve un compañero de labores que estuvo 10 años en la cárcel y luego de cumplir condena y ser puesto en libertad vio en la seguridad privada lo que muchos ven, un rubro del cual subsistir sin mayores esfuerzos, este individuo pagó a delincuentes colombianos una suma equivalente para que estos manipularan y adulteraran sus certificados como el de antecedentes y el de acreditación OS10 de Carabineros y gracias a ello y a un personal de acreditación absolutamente irresponsable y flojo, él con antecedentes penales ingresó a trabajar en el servicio de seguridad. Yo lejos de denunciarlo puntualmente, busqué crear la situación en la que yo estuviese en conversaciones sin importancia con el que en ese entonces era el ADC administrador de contrato y dado que precisamente en esa fecha surgió en las noticias un reportaje sobre la falsificación de documentos para ingresar a los trabajos, con énfasis en los delincuentes que ejercen la falsificación y en los delincuentes que adquieren este servicio para burlar al sistema y sacar ventaja, todo esto me sirvió para mi exposición con el ADC quien finalmente requirió la revisión de todos los certificados con personal de carabineros, dando cuenta del individuo falsificador. También sugerí ligeramente despedir al personal que recluta por ineptitud grave.

Al no estar acreditado genera falta de profesionalismo y capacidad operativa, esto limita la capacidad para actuar con seguridad que el trabajo se está realizando en forma correcta, si no se cumplen esos estándares, los VVGG o GGSS podrían no saber cómo reaccionar correctamente ante incidentes, lo que puede derivar en errores operativos, uso excesivo de la fuerza, negligencia o fallos en la prevención. El personal no acreditado, al no estar capacitado no puede detectar amenazas, no coordinar bien con las instituciones públicas, ya que la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública, la acreditación es muy importante ya que el componente de la seguridad privada está capacitado para no violar los derechos humanos , proteger las personas y bienes de las instalaciones donde ejerce sus funciones , además al no estar acreditado la empresa podría enfrentar sanciones y multas por la entidades fiscalizadoras .

El riesgo es la inseguridad e ineficacia, ya que personal no acreditado o mal capacitado puede actuar de forma imprudente, no conocer los protocolos o no estar preparado para emergencias, lo que aumenta la vulnerabilidad a robos, intrusiones y otras amenazas. Esto puede generar no solo daños materiales, sino también riesgos legales para la empresa que contrata el servicio y consecuencias negativas para la reputación y la seguridad de los clientes y empleados.

Riesgos para la seguridad
• Ineficacia en emergencias
• Vulnerabilidad ante amenaza
• Uso indebido de la fuerza

Riesgos legales y reputacionales
• Responsabilidad legal
• Daño a la reputación

Riesgos para el personal
• Mayor vulnerabilidad
• Falta de respaldo legal

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o insuficientemente capacitado preste servicios de seguridad privada es que se transforma en una amenaza para la seguridad que se supone debe proteger.
La Ley 21.659 establece estándares estrictos de formación, acreditación y habilitación precisamente porque un trabajador sin competencias profesionales puede generar los siguientes riesgos críticos:
1. Riesgo para la vida e integridad de las personas: un guardia no capacitado tiende a ejecutar procedimientos inseguros, intervenciones desproporcionadas o decisiones improvisadas, aumentando la probabilidad de lesiones, accidentes o uso indebido de la fuerza.
2. Fallas en la gestión de emergencias y prevención del delito: sin entrenamiento adecuado, el personal carece de nociones básicas de observación, comunicación, control de situaciones y protocolos de actuación, por lo que debilita la capacidad preventiva del servicio y puede agravar incidentes en vez de mitigarlos.
3. Vulneración de derechos y responsabilidades legales: intervenir sin conocer límites legales, principios de actuación o normativas de seguridad privada expone tanto al trabajador como a la empresa a sanciones administrativas, responsabilidad civil e incluso penal.
4. Riesgo reputacional y pérdida de confianza: la actuación deficiente de personal no acreditado afecta la imagen de la empresa y del sector completo, debilitando la coordinación con autoridades y minando la credibilidad del sistema de seguridad privada.

Pregunta ¿Cuál consideras que es el principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada?

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la vulneración directa de los estándares mínimos de seguridad, lo que puede derivar en incidentes graves tanto para las personas como para los bienes protegidos. La normativa vigente establece, a través del DS N.º 93 del Ministerio del Interior, que todo trabajador operativo debe contar con acreditación otorgada por Carabineros de Chile, la cual certifica que posee la formación, competencias y perfil adecuado para desempeñar funciones críticas como control de acceso, vigilancia y respuesta a emergencias.
Cuando este requisito no se cumple, se produce un riesgo operativo significativo. El personal no acreditado no ha sido evaluado en materias obligatorias como uso proporcional de la fuerza, normativa legal aplicable, primeros auxilios o manejo de conflictos, lo que aumenta la probabilidad de actuaciones indebidas, excesos, omisiones o respuestas inseguras ante situaciones de riesgo. A esto se suma que el Reglamento de Seguridad Privada exige que las empresas mantengan registros actualizados del personal acreditado, lo cual permite la fiscalización y asegura la trazabilidad del servicio. Sin esta formalidad, se dificulta el control por parte de la autoridad y se favorece la informalidad.
Casos reales muestran que guardias no capacitados han incurrido en uso inapropiado de la fuerza o no han sabido actuar en emergencias, generando daños, pérdidas o responsabilidad legal para la empresa. Por ello, la acreditación no es solo un requisito administrativo, sino una medida esencial para garantizar profesionalismo, legalidad y protección efectiva.

El mayor riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es que se debilita completamente la confianza y la capacidad real de respuesta ante situaciones críticas. La Ley N° 21.659 exige que cada trabajador esté acreditado y cumpla requisitos básicos como formación, idoneidad y ausencia de antecedentes, justamente porque la seguridad no admite improvisaciones. Cuando alguien sin preparación asume funciones en terreno, no solo se expone él mismo, sino también a los usuarios, a la instalación y a la empresa.
Un guardia sin capacitación puede reaccionar mal ante una emergencia, aplicar procedimientos incorrectos o incluso vulnerar derechos por desconocimiento. Además, sin acreditación no existen garantías de control ni fiscalización, lo que puede llevar a sanciones y pérdida de contratos. En lo práctico, he visto cómo pequeños incidentes se vuelven problemas mayores cuando el personal no sabe manejar conflictos o no conoce sus límites legales. Por eso, la acreditación no es un requisito más: es la base para un servicio seguro, profesional y responsable.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la vulneración directa de la Ley N.º 21.659, que establece los requisitos mínimos para asegurar la idoneidad del personal operativo. Esta ley exige que todo trabajador cuente con acreditación vigente otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que no posea antecedentes penales, que tenga enseñanza media completa y que haya aprobado los cursos de formación correspondientes. Estos requisitos no son meros trámites administrativos, sino garantías para que quienes desempeñan funciones de vigilancia, control o protección cuenten con el nivel mínimo de preparación técnica y legal.

Permitir que personas sin acreditación ejerzan estas funciones implica desconocer los límites operativos definidos por la normativa. La Ley 21.659 establece que el personal no puede intervenir en conflictos de orden público, no puede realizar controles de identidad fuera de las condiciones legales y que solo los vigilantes privados pueden portar armas bajo requisitos estrictos. Un trabajador sin formación desconoce estos límites, lo que incrementa el riesgo de actuaciones indebidas, uso desproporcionado de la fuerza o vulneración de los derechos de las personas.

En la práctica, esto puede generar incidentes, daños a terceros, responsabilidad legal para las empresas y pérdida de confianza en el sistema de seguridad privada. Por eso, la acreditación no es solo un requisito formal, sino una herramienta fundamental para garantizar un ejercicio profesional, legal y responsable dentro del ámbito de la seguridad privada.

Ley N° 21.659: busca precisamente profesionalizar, regular, digitalizar y fiscalizar estrictamente el sector de la seguridad privada: exigiendo acreditacion al dia, formacion, autorizacion institucional. Permitir la informalidad (gente sin acreditacion) puede ser un retroceso frente a esta nueva ley.Si un guardia carece de formación adecuada, no sabrá cómo actuar ante situaciones de emergencia (robos, conflictos, accesos no autorizados, fallas técnicas, evacuaciones, incidentes), ni podrá aplicar correctamente protocolos de seguridad, registro, comunicación o atención de crisis. Eso incrementa la probabilidad de errores, negligencias, decisiones imprudentes, reacciones desproporcionadas o inadecuadas. Esto podria general multas , tanco como la empresa contratante , como la prestadora. Puede afectar la reputacion de ambas empresas, generando riesgos legales y financieros.

Un ej
En un local comercial de alto riesgo (ej. tienda con gran afluencia, valores, sistemas de alarma): un guardia sin capacitación puede desconocer protocolos de emergencia, no activar sistemas de CCTV, lo que termina en abandono del control, vulnerabilidad y pérdidas importantes. Para la empresa contratante. O, peor aún: el guardia puede exceder sus atribuciones — realizar detenciones sin flagrancia, registrar personas sin legitimidad, usar fuerza — lo que podría derivar en denuncias por abuso, violación de derechos, hechos penales.

El principal riesgo de permitir personal no acreditado o mal capacitado, es el tipo de respuesta ante situaciones de emergencia, como robos, hurtos, agresiones, etc., que pueden generar vulneración a los derechos fundamentales de las personas, ante actuaciones desmedidas y sin protocolos, generando con esto multas altísimas, que podrían terminar con la revocación de la autorización si es reincidente y un mal prestigio para la empresa.

El principal riesgo es la puesta en peligro de la seguridad e integridad física de las personas y de los bienes que se supone deben proteger.

Un personal no capacitado o no acreditado puede incurrir en:
-Mal uso de la fuerza o armamento.
-Errores en procedimientos de emergencia.
-Violaciones de normativas legales.
-Incumplimiento de sus funciones, facilitando un siniestro o delito.

Estimo que hay un nivel elevado que reduce la eficacia en la función de prevención y en la reacción frente a situaciones de riesgo, lo que podría derivar en algún tipo de conducta ilícita y provocar una sensación de inseguridad en el entorno.

En relación con la consulta planteada, según mi comprensión, el espíritu de la Ley N.º 21.659 en sus disposiciones es la profesionalización del Servicio de Seguridad Privada en Chile, tanto en el ámbito administrativo como operativo, elevando el nivel de exigencia en todos los aspectos, modernizando los procedimientos, incorporando capacitaciones permanentes, reforzando los mecanismos de control interno y añadiendo, además, el respeto absoluto hacia las personas (DDHH). Todo ello sustentado en una base de datos robusta y actualizada (Registro Nacional), lo que permitirá una adecuada trazabilidad ante situaciones específicas que requieran su utilización.

Los riesgos que puede enfrentar una empresa al presentar personal no acreditado o deficientemente capacitado, de acuerdo con la Ley, se consideran una infracción gravísima tanto para el trabajador como para la organización. La Ley N.º 21.659 es categórica y explícita en cuanto a cumplir con las autorizaciones, registros y antecedentes actualizados ante la SPD, así como contar con la credencial vigente otorgada por dicha entidad estatal.

Esta infracción gravísima genera, según mi perspectiva, un perjuicio reputacional para el sector de la Seguridad Privada (cuestionamiento social), además de brindar un servicio deficiente al cliente, quien, en caso de falta de respuesta por parte de la empresa, comparte una responsabilidad solidaria. Sea esta una entidad jurídica o natural, se expone a sanciones económicas de alta cuantía y, eventualmente, a la cancelación definitiva de su autorización para operar, lo que podría derivar en su desaparición como prestadora del servicio mencionado. En síntesis, es imprescindible poseer un conocimiento íntegro de los procesos y del control del personal, a fin de evitar inconvenientes tanto administrativos como operativos.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado que preste servicios de seguridad privada, es que se pone en peligro tanto la integridad de las personas como la legitimidad del propio sistema de seguridad. Cuando alguien trabaja sin cumplir los requisitos legales, como no tener formación OS10, presentar antecedentes penales o no acreditar salud compatible, requisitos establecidos en la ley, rompe la base mínima de idoneidad que la normativa exige para proteger a la ciudadanía
Además, un trabajador sin acreditación no conoce los límites funcionales de su rol, lo que puede llevarlo a excederse, intervenir donde no corresponde o actuar como si fuera autoridad pública, algo que la normativa prohíbe expresamente al señalar que no pueden reemplazar a Carabineros ni participar en conflictos de orden público
En la práctica, esto se traduce en situaciones de riesgo real. En Chile se han visto casos donde guardias sin capacitación han usado fuerza desproporcionada o han intentado realizar controles de identidad indebidos, generando conflictos, denuncias y sanciones para las empresas. En definitiva, permitir personal no acreditado no solo compromete la seguridad, sino que también daña la confianza pública y expone a la organización a responsabilidades legales y reputacionales.

La Ley N° 21.659 busca la profesionalización integral del sector de seguridad privada en Chile, elevando la exigencia en capacitación, control y respeto a los derechos humanos, todo ello sustentado por el Registro Nacional para garantizar la trazabilidad.

Riesgos Derivados de la Ilegalidad
El principal riesgo al permitir que personal no acreditado o deficientemente capacitado preste servicios es la ruptura de la base mínima de idoneidad exigida por la Ley. Esto conlleva:

Pérdida de Eficacia Operativa: Se reduce la capacidad de prevención y reacción ante situaciones de riesgo, lo que puede derivar en incidentes o conductas ilícitas, generando una sensación de inseguridad en el entorno.

Exceso Funcional: El personal sin acreditación (como el curso OS-10) desconoce los límites funcionales de su rol, pudiendo excederse, utilizar fuerza desproporcionada, o actuar como autoridad pública, lo cual está expresamente prohibido por la normativa.

Consecuencias Legales y Reputacionales
La Ley N° 21.659 es enfática: operar con personal no acreditado o sin registros vigentes constituye una infracción gravísima tanto para el trabajador como para la empresa.

Sanciones Directas para la Empresa: La organización se expone a sanciones económicas de alta cuantía y, en casos reiterados o graves, a la cancelación definitiva de su autorización para operar.

Responsabilidad Solidaria: El cliente (entidad jurídica o natural que contrata el servicio) también es afectado, ya que comparte la responsabilidad solidaria por la falta de respuesta o las irregularidades del proveedor.

Daño Reputacional: La operación ilegal o deficiente genera un perjuicio reputacional para toda la industria de la seguridad privada (cuestionamiento social).

En conclusión: Es imperativo que las empresas mantengan un conocimiento y control íntegro de los procesos de acreditación y capacitación, ya que el cumplimiento estricto de la ley es la única vía para garantizar un servicio seguro, legal y confiable para todos. Por el contrario, el personal bien capacitado transforma el servicio en una herramienta útil y protectora, elevando la confianza social en el sector.

Considero que se afecta directamente en la fe publica, se pierde la confianza en la actividad y se ve poca o nula importancia en esta actividad, empresas dedicadas a resguardar la seguridad de personas y bienes contratando personal sin capacitación y sin acreditación es un claro ejemplo de negligencia, de incumplimientos y de irresponsabilidad que al final terminan pagando las consecuencia personas inocentes.

arriesgarse a multas y sanciones en conformidad a la nuev aley de seguridad, asi como tambien a que ocurran situaciones de riesgos las cuales no puedan ser controladas por la persona que presta el servicio al no mantener el conocimiento pleno de como enfrentar situacion tales, como robo o procedimientos de seguridad que ocurran durante la prestacion del servicio

La Ley N° 21.659 regula la seguridad privada y establece que la acreditación del personal, otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), es un requisito indispensable para ejercer funciones de guardia. No obstante, la ley no solo exige contar con credenciales vigentes, sino también que el empleador asegure una capacitación adecuada y acorde a la función desempeñada.

En el caso de una empresa que contrata personal acreditado pero deficientemente capacitado, existe un incumplimiento de sus obligaciones legales, ya que la acreditación no exime de la responsabilidad de formar y supervisar correctamente al personal. Asimismo, el trabajador solo puede desempeñar las funciones autorizadas por su credencial y dentro del marco legal vigente.

La ley establece deberes y restricciones claras, por lo que la falta de capacitación expone a la empresa a sanciones administrativas, además de riesgos operativos y legales, reforzando el principio de responsabilidad compartida entre empleador y trabajador.

El principal riesgo de usar personal de seguridad no acreditado o mal capacitado es el colapso de la responsabilidad legal y operativa, impactando directamente en la seguridad pública.

Riesgo Operacional y Legal: El personal sin formación adecuada carece de las competencias prácticas (como Técnicas de Reducción) necesarias. Esto aumenta el riesgo de uso desproporcionado de la fuerza y genera responsabilidades penales y civiles para la empresa y el contratante.

Infracción Gravísima (Art. 104 N° 3): Permitir la operación de personal no acreditado es una falta directa a la Ley, tipificada como Infracción Gravísima, que conlleva multas de 251 a 500 UTM.

Falla en el Sistema: Se violan los Principios de Responsabilidad (Art. 7) y Colaboración (Art. 8), pues el servicio ilegal no puede coordinarse con Carabineros, debilitando la respuesta de la seguridad pública.

En esencia, la falta de cumplimiento legal convierte al servicio en un riesgo, en lugar de una protección.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado trabaje en seguridad privada es que, lejos de entregar seguridad, termine generando más problemas y riesgos.

Una persona que no está bien formada o no cuenta con acreditación puede no saber hasta dónde llegan sus funciones, reaccionar mal ante una situación de conflicto o tomar decisiones impulsivas que afecten a otras personas. Esto puede traducirse en malos tratos, procedimientos incorrectos o acciones que vulneren derechos, incluso sin mala intención.

Además, cuando ocurre un incidente, la responsabilidad no recae solo en esa persona, sino también en la empresa y en el cliente del servicio, exponiéndolos a multas, sanciones y problemas legales

En simple, trabajar con personal no acreditado es un riesgo para todos:
para las personas que se busca proteger, para el propio trabajador, y para la empresa. La ley apunta justamente a evitar esto, asegurando que la seguridad privada sea ejercida por personas preparadas, responsables y conscientes de sus límites.

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la incapacidad para garantizar la seguridad de personas y bienes, lo que puede derivar en situaciones graves como:

Incumplimiento legal
Errores en la gestión de incidentes
Pérdida de confianza
Riesgos físicos y materiales
Impacto económico y legal

Es importante destacar que es el espíritu de la ley es profesionalizar el trabajo de seguridad privada por lo tanto coloca al personal Operativo dentro del marco legal el cual establece que dicho personal solo debe cumplir labores dentro de lo establecido en sus funciones las cuales se encuentran normadas por la autoridad, en este caso la SPD. De no tener esta profesionalización el guardia puede actuar fuera de los ámbitos legales ante alguna situación lo que podría generar daños de cualquier índole y perdidas ante una empresa o recinto. Un ejemplo es el retail el cual el personal de seguridad se encuentra expuesto a la delincuencia diariamente lo que genera una probabilidad mayor de que el personal operativo que no se encuentra capacitado pueda actuar equivocadamente fuera de lo legal

Es muy importante esta nueva ley q regula y profecionaliza la anterior .
Las empresa tendran mas seriedad para contratar personas capacitadas para este rubro .
Es importante recalcar que ahora sera un perfil laboral mas profecional en todo aspecto .
Acreditaciones sin ellas no podras trabajar ya que antes con el procesa del curso lo autorizaban.

Creo que las empresas estan mas obligadas hacer las cosas como corresponden

Es importante que los guardias esten capacitados y acreditados , porque al no estarlo la empresa se enfrentaria a una falta graveisima, ya que esta podria prohibir su funcionamiento .
A la vez un personal no capacitado podria cometer errores que un capacitado no lo haria .

Creo que la nueva ley , es bastante clara , exige personal capacitado y acreditado por ende las empresas se deben de preocupar de cumplir la nueva ley , ya que con esta se trata de profecionalizar rubro, soy de los que q piensa que empresa que no cumpla , debe ser sancionada de inmediato con una falta gravisima

El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la pérdida de control y legitimidad del sistema, lo que puede derivar directamente en vulneraciones a los derechos fundamentales, fallas operativas graves y una falsa sensación de seguridad para las personas y las instituciones protegidas.

El Módulo 4 es claro al señalar que la acreditación no es un trámite administrativo, sino un mecanismo de control preventivo que garantiza que el personal cumple requisitos mínimos de idoneidad física, mental, legal y técnica. Cuando un trabajador no cuenta con credencial vigente o formación adecuada, la autoridad pierde la posibilidad de fiscalizar eficazmente quién está ejerciendo funciones sensibles, debilitando el rol coadyuvante de la seguridad privada respecto de la seguridad pública.

Además, la falta de capacitación y definición clara de funciones aumenta el riesgo de excesos, actuaciones fuera del marco legal o suplantación de funciones policiales, lo que expone tanto al trabajador como al empleador a sanciones graves. En experiencias reales de fiscalización, muchos incidentes se originan precisamente en personal que desconoce sus límites operativos.

En definitiva, permitir personal no acreditado compromete la seguridad, la legalidad del servicio y la confianza ciudadana en todo el sistema de seguridad privada.

La principal pregunta que surge al permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada dice relación con el riesgo directo a la integridad física de las personas, la afectación de bienes y la responsabilidad legal tanto del trabajador como de la empresa. La seguridad privada cumple una función preventiva y colaborativa con la seguridad pública, por lo que su ejercicio exige estándares formales de idoneidad, capacitación y acreditación vigente.

En el caso de Chile, la normativa vigente, la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada y su reglamentación complementaria, establece que todo guardia de seguridad debe contar con acreditación otorgada por la autoridad fiscalizadora (OS10 de Carabineros de Chile), además de aprobar los cursos de formación correspondientes. Este requisito no es meramente administrativo, sino que busca asegurar que el personal conozca los límites de sus funciones, el uso racional de la fuerza, los derechos fundamentales de las personas y los protocolos de actuación ante emergencias.

Un primer elemento normativo relevante es el principio de idoneidad y capacitación obligatoria. Permitir que una persona no acreditada ejerza funciones vulnera directamente esta exigencia legal, exponiendo a la empresa a sanciones administrativas, multas e incluso la suspensión de servicios. Además, frente a un procedimiento mal ejecutado —por ejemplo, una detención ilegal o un uso desproporcionado de la fuerza— puede generarse responsabilidad civil e incluso penal.

Un segundo elemento es la obligación del empleador de garantizar que el servicio se preste conforme a la normativa y bajo estándares de profesionalismo. Si un guardia sin formación adecuada enfrenta una situación crítica, como un incendio o una riña, podría actuar de manera impulsiva, agravando el conflicto en vez de controlarlo.
En la práctica, se han observado casos donde guardias sin capacitación han excedido sus atribuciones, generando denuncias por vulneración de derechos, lo que afecta la imagen institucional y la confianza de la comunidad. En consecuencia, el principal riesgo no solo es operativo, sino también legal y reputacional, comprometiendo la seguridad integral que justamente se pretende proteger.

El hecho que trabajadores de la seguridad, no cuenta con credencial vigente o formación adecuada, la autoridad pierde la posibilidad de fiscalizar eficazmente quién está ejerciendo funciones sensibles, debilitando el rol coadyuvante de la seguridad privada respecto de la seguridad pública.

Considero que el principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es poner en peligro la seguridad de las personas y vulnerar los estándares legales establecidos por la Ley N.º 21.659. Un trabajador que no cuenta con acreditación vigente o formación adecuada puede actuar de manera incorrecta frente a situaciones de emergencia, exceder sus funciones legales o tomar decisiones que afecten los derechos fundamentales de las personas.
La normativa establece que todo personal operativo debe contar con credencial otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, además de cumplir requisitos como capacitación OS-10, salud compatible y ausencia de antecedentes penales. Estos requisitos buscan asegurar que quienes desempeñan funciones de vigilancia y protección posean las competencias necesarias para actuar de manera profesional y responsable.
Asimismo, la ley señala que el personal solo puede ejercer funciones dentro de las atribuciones autorizadas en su acreditación, evitando que realicen labores propias de Carabineros de Chile o actúen fuera del marco legal. Cuando estas exigencias no se cumplen, aumentan los riesgos de malas prácticas, uso desproporcionado de la fuerza, errores operativos y responsabilidades legales tanto para el trabajador como para la empresa contratante.
Por ello, la acreditación y capacitación permanente son fundamentales para fortalecer la fiscalización, la confianza de la ciudadanía y el correcto funcionamiento del sistema de seguridad privada.