**Reflexión sobre fiscalización a empresa de transporte de valores – Ley 21.659** La fiscalización
realizada por Carabineros de Chile y la Subsecretaría de Prevención del Delito a una empresa de
transporte de valores evidencia la relevancia del cumplimiento estricto de la Ley 21.659. Durante la
inspección se detectó que dos vigilantes no contaban con credenciales vigentes emitidas por la
autoridad competente, además de deficiencias en la operación. Estos hechos reflejan falencias en los
controles internos y en la gestión administrativa de la empresa. La normativa exige que todo el
personal que preste servicios de seguridad privada esté debidamente acreditado y cumpla con los
requisitos de formación establecidos. El incumplimiento no solo constituye una infracción sancionable,
sino que también pone en riesgo la seguridad del personal, de los bienes transportados y de la
comunidad en general. Las fiscalizaciones cumplen un rol esencial, ya que permiten verificar el
cumplimiento normativo y promover mejoras en los procedimientos. Asimismo, fortalecen la confianza
en el sistema de seguridad privada, garantizando que las empresas actúen con responsabilidad y
profesionalismo. En conclusión, este caso demuestra la importancia de mantener la documentación
actualizada, capacitar al personal y colaborar activamente con las autoridades fiscalizadoras,
promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención en beneficio de la seguridad integral del país.

Respuesta: Principal riesgo del personal no acreditado o mal capacitado El principal riesgo que
permite que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada radica en
la deficiencia en los mecanismos de control, supervisión y fiscalización, tanto por parte de las
empresas de seguridad como de las autoridades competentes. Cuando las empresas priorizan la
reducción de costos o la rapidez en cubrir turnos por sobre la calidad y acreditación del personal, se
generan vacíos operativos que facilitan la incorporación de trabajadores sin formación adecuada. A
esto se suma la falta de auditorías regulares, la escasa exigencia de actualización de credenciales y la
poca conciencia de los propios empleadores sobre la responsabilidad legal que conlleva tener
personal no autorizado. Esta situación conlleva graves consecuencias: un guardia no capacitado
puede actuar fuera del marco legal, emplear fuerza de manera indebida, o no saber responder ante
emergencias o delitos, poniendo en riesgo la integridad de las personas, los bienes y la imagen
institucional del servicio. Por ello, la acreditación, capacitación continua y control permanente son
esenciales para garantizar un servicio profesional, ético y seguro, que cumpla con la ley y proteja tanto
a la empresa contratante como a la comunidad.

la ley eleva los estándares de ingreso y permanencia en el rubro exigiendo
formación certificada en centros certificados x el os-9
acreditación individual he obligatoria para cada trabajador
reentrenamiento periódico y control de antecedentes actualizado
todo esto mejora la calidad del servicio y aumenta la responsabilidad del empleador en sus funciones y registros personales
controles y fiscalizaciones mas critica
impacto económico

el principal riesgo es la falta de control y fiscalización efectiva ,lo que permite que personas sin la formación ni acreditación adecuada trabajan en seguridad privada poniendo en riesgo la integridad de las personas y bienes y la legalidad del servicio

según mi opinión creo que ambas partes son responsables y según la ley 21.659 establece claramente que tanto las empresa prestadora del servicio de seguridad privada como las entidades contratante son responsables y tiene la obligación de verificar que los funcionarios de seguridad cumplan con la normativa que exige la ley 21659 que las empresas mantengan la supervisión permanente y que su funcionarios cumpla con las normativas y exigencias y que sus funcionarios esté debidamente acreditados capacitados y cumplan con todos los requisito legales ante de autorizar su funcionamiento y permitir la prestación del servicio .
según la ley 21659 establece claramente que tanto las empresa prestadora de servicio de seguridad privada como las entidades contratantes tiene la obligación específicas y deben actuar conforme al marco regulador la normativa exige que sus guardias de seguridad estén capacitado tenga su curso de os10 y sus credenciales vigente además de estar formalmente inscritas en el registro nacional de seguridad privada .
y las parte contratante tiene también la obligación especificar y debe actuar conforme al marco regulador la normativa indica que todos los funcionarios esté debidamente acreditadas por eso la ley 21659 y esto cambio son muy importante para ambas partes y fundamental para un control y el compromiso de ambas partes según lo que establece la nueva ley de seguridad privada

la empresa agrocomercial sur al estar clasificada como una entidad obligada .tiene la obligación de implementar un sistema de vigilancia privada conforme a los criterios de la ley 21659 .y creo que el error central fue no adoptar las medidas de seguridad exigida por la normativa lo que constituye a un incumplimiento directo d sus deberes legales como sujeto obligado creo yo artículo 7 entidades obligadas articulo 8 responsabilidad del obligado artículo 9 fiscalización y sanciones según la ley 21659 esto la expone a sanciones administrativas graves suspensión de actividades penales en caso de daños En definitiva la omisión refleja una vulneración tanto a la normativa como al deber de diligencia empresarial y en la gestión de riesgo