El principal riesgo de permitir que personal no acreditado o mal capacitado preste servicios de seguridad privada es la generación de vulnerabilidades y brechas de seguridad en la seguridad pública y privada, lo que puede traducirse en consecuencias graves tanto para las organizaciones, las personas y usuarios finales de los sistemas de seguridad. De esto, se puede extraer lo siguiente:
– Responsabilidad civil y penal en casos de incidentes (lesiones, abuso de autoridad, entre otros).
– Faltas, multas y -eventualmente- la cancelación de la autorización de funcionamiento o de operar.
-Clientes (empresas mandantes) con inseguridad ante fiscalizaciones.
– Perdida de prestigio, ya que la empresa de seguridad no cumple con los estándares básicos que emana la Ley, degradando su imagen, seriedad y profesionalismo.
– En el caso de prohibición de funcionamiento, la perdida de trabajo por los colaboradores que componen la empresa – y su impacto social con sus familias-. entre otras.

Como se puede ver el mayor riesgo es la combinación entre inseguridad real y responsabilidad legal, ya que personal no acreditado no solo falla en proteger, sino que además expone a la empresa y a los usuarios a graves consecuencias jurídicas, económicas y sociales.