Chile lleva 45 días sin una Política de Defensa actualizada. Nadie parece apurado.

El 11 de marzo, el nuevo ministro de Defensa, Fernando Barros, retiró de Contraloría el Decreto Supremo N°5 que la administración Boric había ingresado en noviembre de 2025. El documento de 144 páginas llevaba meses esperando la toma de razón. Nunca llegó a promulgarse.

El gobierno lo presentó como un trámite rutinario. "Práctica habitual al cambio de mando", dijeron desde el Ministerio. Y tienen razón en parte: es común que una nueva administración revise lo que dejó la anterior. Lo que no es tan común es que la revisión tome meses sin señales claras de qué vendrá después.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas operan con la política de defensa anterior. No hay vacío legal, pero sí hay un vacío doctrinario real: las instituciones castrenses no tienen un documento vigente que les indique cuáles son las prioridades estratégicas del período 2026-2030, cómo se redefine la amenaza, ni qué lugar ocupa Chile en el contexto geopolítico actual.

Sin ese marco, cada decisión operativa queda expuesta a la improvisación o, peor, a la inercia.

El gobierno de Kast tiene razones para querer su propio documento. El decreto de Boric incorporaba perspectiva de género, énfasis en infraestructura crítica y política espacial. Son materias que el nuevo ejecutivo no necesariamente rechaza en bloque, pero que quiere encuadrar bajo otra lógica doctrinaria: más énfasis en soberanía fronteriza, mayor integración entre defensa y seguridad interior, y una postura más clara frente a la presión del crimen organizado transnacional.

El problema es el tiempo. John Griffiths, de AthenaLab, lo dijo con precisión: la mayoría de los países que explicitan su política de defensa lo hacen en el primer año de gobierno. Después, las urgencias del día a día tienden a postergar lo estructural.

Chile tiene ejercicios conjuntos con Estados Unidos, una frontera norte bajo presión operativa, un reglamento de ciberdefensa recién publicado y un Ministerio de Seguridad que empieza a solaparse funcionalmente con Defensa. Todo eso requiere una doctrina que lo ordene.

Los 45 días ya transcurridos no son un drama. Pero si el nuevo documento no aparece antes del segundo semestre, la pregunta dejará de ser técnica para volverse política.