Desde mi perspectiva, la Ley N° 21.659 tendrá un impacto directo y profundo en el trabajo diario del personal de seguridad privada, ya que eleva el estándar profesional y exige un desempeño más consciente, regulado y trazable. El guardia ya no cumple solo una función disuasiva u operativa, sino que debe actuar conforme a protocolos claros, capacitación acreditada y límites legales bien definidos, lo que aumenta su responsabilidad individual y profesional.

Para quienes contratan estos servicios, la ley también implica un cambio relevante: ya no basta con externalizar la seguridad, sino que deben verificar que las empresas estén debidamente autorizadas y que el servicio se preste conforme a la normativa. En este sentido, la responsabilidad se comparte, obligando a las empresas mandantes a involucrarse activamente en el cumplimiento legal y en la gestión del riesgo, promoviendo una seguridad privada más seria, transparente y profesional.