Para evitar situaciones como las descritas en este caso, las empresas de transporte de valores deben fortalecer principalmente sus mecanismos de control interno, gestión documental y supervisión permanente, tal como lo exige la Ley N° 21.659 y su reglamento, el D.S. N° 209.

En primer lugar, es fundamental contar con un control estricto y actualizado de las acreditaciones del personal, especialmente tratándose de vigilantes, cuyo rol es altamente sensible. La ley es clara en señalar que nadie puede ejercer funciones de seguridad sin credencial vigente emitida por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para esto, la empresa debe llevar registros claros y sistemas de alerta que eviten vencimientos o trabajos sin autorización.

En segundo lugar, se debe fortalecer el registro y respaldo de las operaciones, como las bitácoras de servicio y los reportes exigidos por la autoridad. El D.S. N° 209 establece la obligación de mantener información clara, ordenada y disponible, ya que estos documentos permiten demostrar que el servicio se presta conforme a la normativa y que las operaciones son trazables.

Otro aspecto clave es la respuesta oportuna y colaborativa ante una fiscalización. No entregar la documentación solicitada, o hacerlo fuera de plazo, no solo agrava la falta, sino que demuestra una mala gestión interna. La ley espera que las empresas estén preparadas en todo momento, ya que las fiscalizaciones no requieren aviso previo.

Finalmente, es necesario reforzar la cultura de cumplimiento dentro de la empresa, donde la normativa no se vea como un trámite, sino como parte del trabajo diario. Esto implica capacitar a supervisores, encargados y personal administrativo en los procedimientos de fiscalización y en las obligaciones legales vigentes.

En simple, la Ley N° 21.659 y el D.S. N° 209 apuntan a que las empresas de seguridad operen con orden, control y responsabilidad permanente. Fortalecer estos mecanismos no solo evita sanciones, sino que mejora la seguridad, la confianza y la continuidad del servicio.