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rodrigo aceituno
Participante

    Ante una fiscalización como la descrita, las empresas de seguridad y transporte de valores deben fortalecer diferentes mecanismos internos que aseguren el cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en la Ley N.º 21.659 y el D.S. N.º 209. Esto es fundamental considerando que la autoridad fiscalizadora posee amplias facultades para revisar documentación, instalaciones y procedimientos, tal como lo señala el artículo 83 de la Ley N.º 21.659.

    En primer lugar, la empresa debe reforzar un sistema de control y seguimiento de las credenciales del personal acreditado. La falta de credencial vigente constituye una infracción que puede ser considerada grave, especialmente cuando afecta requisitos habilitantes del personal, según el artículo 95 de la Ley N.º 21.659. Mantener registros actualizados, alertas de vencimiento y verificaciones periódicas permite prevenir este tipo de incumplimientos.

    En segundo lugar, es necesario fortalecer los mecanismos de registro operativo, especialmente la bitácora de servicios y los reportes obligatorios. El D.S. N.º 209 exige mantener documentación completa y trazable, reflejando las actividades del servicio. Un sistema ordenado de registros facilita demostrar cumplimiento ante una fiscalización y evita observaciones por falta de información.

    Finalmente, la empresa debe mejorar su gestión documental y su capacidad de respuesta ante requerimientos de la autoridad. El procedimiento de fiscalización descrito en el D.S. N.º 209 señala que la documentación debe estar disponible y entregarse oportunamente durante la inspección. No responder adecuadamente puede interpretarse como una falta o incluso como obstrucción a la labor fiscalizadora.

    En síntesis, para asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones, las empresas deben implementar controles internos robustos, mantener documentación actualizada, verificar la vigencia de la acreditación del personal y capacitar a sus equipos en los procedimientos legales. Esto fortalece la profesionalización del servicio y mejora la relación con la autoridad fiscalizadora.

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