La nueva Ley 21.659 impactará de manera significativa tanto en el trabajo diario del personal de seguridad privada como en la responsabilidad de las empresas y organizaciones que contratan estos servicios.
1. Impacto en el trabajo diario del personal de seguridad privada
La ley exige mayores estándares de profesionalización, lo que se traduce en cambios concretos en la operación diaria:
• Mayor capacitación y certificación obligatoria: el personal deberá contar con formación actualizada, lo que eleva el nivel técnico y la calidad del servicio, pero también implica mayor preparación y cumplimiento de protocolos.
• Uso obligatorio de tecnologías, como cámaras corporales (“bodycams”) en ciertos casos, y sistemas electrónicos de registro. Esto aumenta la transparencia, pero también exige manejo adecuado de equipos y reportes.
• Protocolos más estrictos: habrá que actuar siguiendo directrices claras en materias de control de acceso, procedimientos preventivos, manejo de incidentes y respeto de derechos humanos.
• Mayor fiscalización: Carabineros y la autoridad administrativa supervisarán el cumplimiento, lo que obliga al personal a mantener la documentación al día y operar dentro del marco normativo.
En síntesis, el trabajo del guardia se vuelve más profesional, más regulado y más técnico, lo que mejora la calidad del servicio, pero exige mayor responsabilidad individual.
2. Impacto en la responsabilidad de quienes contratan servicios de seguridad privada
La nueva ley también incrementa considerablemente las obligaciones de los contratantes:
• Responsabilidad por contratar solo personal y empresas acreditadas: las organizaciones deben asegurarse de que la empresa de seguridad y sus trabajadores cumplan con los requisitos legales. Contratar servicios informales o no autorizados puede generar sanciones y responsabilidades directas.
• Elaboración de estudios de seguridad y medidas obligatorias según el nivel de riesgo: los establecimientos con clasificación de riesgo deberán implementar medidas mínimas, como vigilancia, sistemas electrónicos o controles de acceso.
• Mayor responsabilidad administrativa y civil: ante incidentes o incumplimientos, la autoridad puede sancionar tanto a la empresa prestadora como a la entidad contratante.
• Deber de supervisión y coordinación: la ley exige que los mandantes mantengan control de que los servicios se ejecuten dentro del marco normativo y que cooperen con las autoridades fiscalizadoras.
En conclusión, la nueva ley eleva el estándar de todo el sector:
• Profesionaliza y formaliza el trabajo cotidiano del personal de seguridad.
• Fortalece la responsabilidad legal y operativa de quienes contratan estos servicios, incentivando el cumplimiento y la prevención.