El caso de Agrocomercial Sur S.A. muestra una situación preocupante frente a las obligaciones que establece la Ley N° 21.659 para las empresas catalogadas como de riesgo. Esta normativa exige que cualquier organización cuyas actividades puedan representar un peligro como el manejo de productos químicos cuente con medidas formales de seguridad privada y siga las directrices de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
No disponer de un Estudio de Seguridad aprobado es uno de los errores más graves, porque este documento define qué medidas se deben implementar para reducir los riesgos y cómo debe organizarse la seguridad del lugar. A esto se suma la falta total de vigilancia y de coordinación con Carabineros, elementos que la ley considera esenciales para prevenir incidentes y mantener un entorno seguro.
El hecho de que la empresa declare desconocer su clasificación no la exime de responsabilidad, ya que esta información se entrega de manera oficial y genera obligaciones inmediatas. En este contexto, Agrocomercial Sur S.A. queda expuesta a sanciones, exigencias de corrección e incluso a la suspensión de sus operaciones si no regulariza su situación dentro de los plazos establecidos.