La Ley N° 21.659 tendrá un impacto directo y profundo tanto en el trabajo diario del personal de seguridad privada como en la responsabilidad de las empresas que los contratan.
Para los guardias y supervisores, implicará una labor más profesionalizada: deberán cumplir con certificaciones formales, capacitación continua y procedimientos estandarizados según el nivel de riesgo de cada instalación.
Para las empresas contratantes, la ley aumenta significativamente su responsabilidad. Ya no bastará con externalizar la seguridad; deberán asegurarse de que los servicios contratados cumplan con la normativa, manteniendo documentación, protocolos y supervisión activa en terreno. En la práctica, esto eleva el estándar de cumplimiento legal y operacional, fortaleciendo la prevención, pero también aumentando las exigencias de control y gestión interna.