Considero que el sistema actual de protección de infraestructura crítica en Chile todavía es insuficiente para enfrentar emergencias de gran magnitud como los incendios de Valparaíso de 2024. Aunque la Ley 21.663 y la Ley 21.364 han fortalecido la gestión del riesgo y la ciberseguridad, el desastre dejó en evidencia importantes debilidades en coordinación, planificación y capacidad de respuesta.
El mega incendio mostró cómo una falla puede generar efectos en cascada: al dañarse la red eléctrica también colapsaron las telecomunicaciones, el suministro de agua y los accesos viales, dejando sectores completos aislados. Esto demuestra la alta interdependencia que existe entre los sistemas críticos del país. Además, muchas municipalidades no habían actualizado sus planes reguladores ni considerado adecuadamente el riesgo de incendios forestales, lo que evidencia fallas en el ciclo de gestión de riesgos, especialmente en las etapas de identificación y monitoreo.
Otro aspecto preocupante es la vulnerabilidad de los sistemas SCADA y de las telecomunicaciones frente a amenazas naturales o deliberadas. La destrucción de más de 100 nodos de comunicación durante el incendio afectó gravemente la coordinación de la emergencia y la entrega de información a la población.
Como medida de mejora, considero fundamental exigir que los PSE y OIV desarrollen Planes de Continuidad Operacional más integrados, con simulacros periódicos y protocolos conjuntos entre SENAPRED, ANCI, municipios y empresas privadas. También es necesario fortalecer la resiliencia de la infraestructura mediante sistemas redundantes, respaldo energético y mejores rutas de evacuación.
En conclusión, Chile ha avanzado en normativa, pero aún existe una brecha importante entre lo que establece la ley y la capacidad real de responder eficazmente ante una crisis de gran escala.