Toda mejora normativa conlleva un proceso de mayor profesionalización y fortalecimiento de los mecanismos de control para los trabajadores del sector. A su vez, implica un aumento en la responsabilidad legal y administrativa de quienes contratan estos servicios, exigiéndoles mayor diligencia en la supervisión y cumplimiento de la normativa vigente, lo que contribuye a elevar los estándares de seguridad, transparencia y calidad en el sistema.