Para asegurar el cumplimiento de los requisitos ante una fiscalización, las empresas de transporte de valores deben fortalecer principalmente sus mecanismos internos de control, trazabilidad documental y supervisión permanente. La Ley N° 21.659 establece que la acreditación vigente del personal, la mantención de registros y la colaboración con la autoridad fiscalizadora no son obligaciones accesorias, sino deberes esenciales del prestador de servicios de seguridad privada.

En primer lugar, resulta indispensable contar con un sistema de gestión de acreditaciones, que permita controlar la vigencia de credenciales de vigilantes y prevenir su vencimiento. La ausencia de credenciales vigentes constituye una infracción grave y expone tanto a la empresa como al servicio a sanciones relevantes. En segundo término, la correcta gestión de bitácoras, registros operativos y reportes a la autoridad es clave para demostrar cumplimiento normativo, ya que el D.S. N° 209 exige que toda fiscalización pueda ser respaldada documentalmente.

Finalmente, las empresas deben fortalecer sus protocolos de respuesta ante fiscalizaciones, asegurando la entrega oportuna de la información requerida. La falta de colaboración oportuna no solo agrava las infracciones detectadas, sino que evidencia una gestión deficiente del cumplimiento normativo. En definitiva, una cultura preventiva y no reactiva es la base para enfrentar adecuadamente cualquier proceso de fiscalización.