Creo que es justo que el empleador tenga responsabilidad si no verifica que su personal esté acreditado o si incumple medidas básicas. Pero no debería ser culpable de todo, especialmente si actuó con diligencia y el error fue personal del guardia. La Ley 21.659 busca profesionalizar el rubro, no castigar al que hace bien su trabajo

El empleador tiene responsabilidad debido a que debe mantener control y supervisión constante del personal que presta servicio cumpliendo con los requisitos que esta ley establece.

Primeramente indicar que la Ley Nro. 21.659, regula la actividad de la seguridad privada en Chile, elevando el nivel del servicio entregado tanto de la empresa como el de sus integrantes.
A su pregunta debo indicar que por ser una Ley solidaria, sí existen responsabilidades por parte del empleador, como lo dije anteriormente en modulo anterior es necesario tener personal capacitado en la normativa vigente, para evitar tener estos errores a mi parecer graves por falta de fiscalización, tanto de la empresa contratante ( PUBLICA) como la empresa prestadora del servicio de seguridad, hay que profesionalizar el rubro para mejorar los procesos día a día a fin de evitar consecuencias a futuro. En relación al Art. 9 de la Ley Nro. 21.659 señala que deben tener un sistema de vigilancia privada dentro de sus medidas de seguridad ( Hospital Público, afluencia constante de personas, manejo de valores y resguardo de bienes públicos ) lo que será determinado por la SPD, previo estudio por parte de la autoridad fiscalizador en relación a los riesgos del recinto. En resumen debe haber una sanción independiente si es jurídica o natural, pública o privada.

La ley es precisa en dejar muy en claro cuales son las obligaciones, tanto del prestador de servicios de seguridad, como del contratante indicando cada una de ella y tipificaciòn, clasificación y las consecuencias en caso de no dar cumplimiento por cualquiera de las partes.
Primero al momento de contratar, lo mínimo que debe hacer el hospital es verificar los antecedentes de la empresa y desde su área de relaciones laborales solicitar los contratos de los guardias y las respectivas acreditaciones de su personal para resguardar sus intereses como contratante, procedimiento que debe ser periódicamente fiscalizado. De no realizar este simple paso, se expone a que la empresa contratante incurra en incumplimiento de la normativa legal y se exponga a sanciones, ya que la ley así lo expresa haciendo responsable, tanto el prestador como al contratante.

El empleador tiene la responsabilidad, ya que debe mantener el control y supervision permanente del personal que presta servicios cumpliendo con todos los requisitos que esta ley establece.

Como empleador tengo la responsabilidad de contratar y verificar la idoneidad profesional del personal que prestara servicios como tambien la fiscalizacion permanente cumpliendo con todas las exigencias que la Ley establece.

Muy buenas tardes, me parece que este caso se debe analizar desde las bases, primero, el colaborador que no tiene su credencial vigente es responsabilidad inicial del empleador (la empresa de seguridad), teniendo claridad que su certificación puede estar en proceso, pero si esta con su certificación al día no debería haber algún problema (este tipo de situaciones se dieron mucho en época de pandemia), en caso de que ni siquiera este certificado (documento que acredita su certificación que puede estar digitalizado en PDF y puede estar centralizado), el trabajador debe ser retirado de la Instalación, ya que él y la empresa de seguridad incurren en faltas evidentes: operar sin estar inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada y permitir que un guardia trabaje sin credencial OS-10 vigente. Estos incumplimientos vulneran directamente el marco legal, comprometiendo la legalidad del servicio y la seguridad de las personas, y a la empresa cursar una multa que van desde las 50 hasta las 650 UTM -considerando lo indicado en el Título VI “De las infracciones y sanciones” del texto legal en estudio. No obstante, el mandante (en este caso, el hospital) también tiene responsabilidad, ya que según la normativa, las instituciones que contratan servicios de seguridad deben exigir acreditación, verificar la inscripción de la empresa y contar con un Estudio de Seguridad actualizado. Al omitir estas acciones, el hospital incumple su deber de control y supervisión, facilitando indirectamente la irregularidad detectada. A su vez, se debe indagar, si la persona es reincidente o no, lo que podría agravar los cargos. Luego, si la empresa no se encuentra en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada, es una falta grave o gravísima, ya que pudo haber puesto en riesgo la vida de las personas que van a ese centro asistencial, y que -al ser en un hospital público- se debió haber levantado la información en una licitación pública, lo que acarrearía otro tipo de actos reñidos con la ley, finalmente cuando la instalación sanitaria es informada de que es una “Entidad Obligada”, tiene un plazo de 60 días para la elaboración de la documentación correspondiente, dentro de las que se encuentra el Estudio de Seguridad, y que debió haber sido informada la jefatura, por parte de la Autoridad Fiscalizadora -OS10- y mediante oficio de la SPD haber dado las indicaciones para subsanar los errores o actualizar la información. Derivado de lo previo, se evidencia que se ignora el articulo 7 del Titulo II del texto legal y trasciende a la Ley N° 21.659 y puede impactar en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la normativa de protección de datos y los derechos de los pacientes. Por lo tanto, las consecuencias legales no solo son administrativas, sino también laborales, civiles y eventualmente penales en caso de incidentes graves.

La ley 21.659 manifiesta el prestador de servicios es un actor relevante para el sistema de seguridad privada, tanto en los aspectos legales como operativos, además de ser coadyuvante de la Seguridad Pública.
Principalmente el Empleador es solidariamente responsable de las acciones o infracciones que puedan cometer el personal de seguridad que contrata.
La empresa en condición de incumplimiento de las normas legales vigentes podría enfrentar sanciones que dependiendo su clasificación van desde multas (UTM) hasta la cancelación de la autorización o la inhabilitación para operar, por lo que, permanentemente deben velar por el cumplimiento de los requisitos del personal que brinda seguridad.
Todas las obligaciones son necesarias para mantener la legalidad de los servicios de seguridad privada, lo que permitirá se profesionales, éticos y competentes ante las actividades que se le encomiendan.
Al tratarse de entidad de salud publica, conforme al Art. 9 es probable que sea obligada a mantener un sistema de seguridad y contar con un Estudio de Seguridad primeramente y con el respectivo servicio de seguridad. El no contar con lo anterior puede acarrear acciones, administrativas, laborales, civiles y penales, por lo que el contratante no puede eludir su responsabilidad, dada la legislación vigente.

Según la Ley N° 21.659, tanto el prestador del servicio de seguridad privada como la entidad que contrata dicho servicio tienen responsabilidades claras y compartidas en cuanto al cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, es justo que el hospital también tenga responsabilidad en esta situación, ya que como mandante debe asegurarse de que la empresa contratada cumpla con los requisitos legales exigidos.
La ley establece que toda entidad que contrate servicios de seguridad debe verificar que la empresa esté inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada, que el personal cuente con su credencial OS-10 vigente, y que exista un Estudio de Seguridad actualizado, aprobado por la autoridad competente. En este caso, el hospital no cumplió con ninguna de estas obligaciones, lo que demuestra una falta de diligencia en su rol como contratante.
Además, el artículo 8° de la Ley N° 21.659 indica que los usuarios de seguridad privada deben velar por la legalidad del servicio contratado. Esto refuerza la idea de que la responsabilidad no recae exclusivamente en la empresa de seguridad, sino también en quien la contrata.
En resumen, es justo que el hospital asuma parte de la responsabilidad, ya que su inacción o negligencia en verificar el cumplimiento normativo contribuyó directamente a la irregularidad detectada. La fiscalización debe aplicarse de manera equitativa para fortalecer el control y la legalidad del sistema.

Uno de los aspectos principales de la Ley 21.659 es que complementó los vacíos que se producían con la normativa anterior y que no consideraban que la empresa contratante de servicios de seguridad privada tuviera mayor responsabilidad en el incumplimiento del prestador. Esto claramente acarreaba problemas de fondo ya que el contratante no tenía la obligación de requerir información del personal de seguridad, ni tampoco corroborar la reputación de la empresa de seguridad. Con esta Ley se profesionaliza como un sistema integral, donde ambas partes (contratante y prestador), tienen obligaciones y responsabilidades compartidas, arriesgando infracciones con su incumplimiento. En este caso, no se trata de que sea justo o no que el empleador cargue con la culpa del prestador de seguridad privada, lo que sucede en este caso es que se evidencia un completo desconocimiento de la Ley 21.659, lo que significa que hay una corresponsabilidad que tiene consecuencias al no haber corroborado los antecedentes de la empresa, de su personal, ni contar con un estudio de seguridad actualizado. Además de no dar complimiento a lo ordenado por la autoridad fiscalizadora.

En vista de que la Ley 21.659 de seguridad privada en Chile busca profesionalizar el oficio de forma orgánica y específica, a mi parecer ambos son culpables ya que tanto el prestador del servicio de seguridad privada como la entidad contratante tienen responsabilidades compartidas respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente:

1) Prestador del servicio de seguridad privada: es obligación de los prestadores de servicios de seguridad privada de garantizar la cualificación e idoneidad del personal que contrata para ejecutar actividades preventivas, velando así por la profesionalización y eficacia del servicio. Es por esto que la empresa de seguridad debe contar con personal administrativo eficiente y eficaz para realizar contrataciones idóneas y sujetas al marco legal. Debe ser personal capacitado en la ley 21.659 y, además, suficientemente inteligente para saber filtrar a los postulantes porque no siempre existen los buenos elementos en la seguridad privada, existen muchos que engañan a los contratantes con certificados y exámenes adulterados. Esto es lo básico para dar una garantía de cumplimiento legal al cliente, asegurando la responsabilidad y supervisión continua y constante del servicio y sus prestaciones.

2) Entidad contratante: es responsabilidad de la entidad contratante investigar previamente el mercado laboral de la seguridad privada, seleccionando después de un fino análisis al prestador de servicio más idóneo que se ajuste a su requerimiento, para ello, al igual que con el prestador de seguridad, el área administrativa, en este caso de un Hospital, debe contar con personal eficaz y eficiente y responsable en su trabajo, no gente que haga las cosas a medias y lo que le salga más fácil. Su obligación es gestionar junto a la prestadora de servicios de seguridad para que esta entregue el correspondiente respaldo de todos los documentos necesarios para una óptima contratación del personal, así como la prestadora de seguridad debe realizar un estudio de seguridad previo a petición del cliente. En estos tiempos donde la información esta al alcance de un clic me parece inconcebible que existan entidades publicas o privadas que argumenten desconocimiento. Es inaceptable.

según mi opinión creo que ambas partes son responsables y según la ley 21.659 establece claramente que tanto las empresa prestadora del servicio de seguridad privada como las entidades contratante son responsables y tiene la obligación de verificar que los funcionarios de seguridad cumplan con la normativa que exige la ley 21659 que las empresas mantengan la supervisión permanente y que su funcionarios cumpla con las normativas y exigencias y que sus funcionarios esté debidamente acreditados capacitados y cumplan con todos los requisito legales ante de autorizar su funcionamiento y permitir la prestación del servicio .
según la ley 21659 establece claramente que tanto las empresa prestadora de servicio de seguridad privada como las entidades contratantes tiene la obligación específicas y deben actuar conforme al marco regulador la normativa exige que sus guardias de seguridad estén capacitado tenga su curso de os10 y sus credenciales vigente además de estar formalmente inscritas en el registro nacional de seguridad privada .
y las parte contratante tiene también la obligación especificar y debe actuar conforme al marco regulador la normativa indica que todos los funcionarios esté debidamente acreditadas por eso la ley 21659 y esto cambio son muy importante para ambas partes y fundamental para un control y el compromiso de ambas partes según lo que establece la nueva ley de seguridad privada

Desde una perspectiva normativa y operativa, la responsabilidad del empleador frente a las faltas del prestador de servicios de seguridad privada debe analizarse bajo el principio de corresponsabilidad funcional establecido en la Ley N° 21.659. Esta ley no solo regula a los prestadores, sino que también exige a las entidades contratantes en este caso, el hospital público verificar que los servicios contratados cumplan con los requisitos legales vigentes.
La omisión de un Estudio de Seguridad actualizado y la falta de coordinación con la empresa contratada constituyen una vulneración directa al marco legal. En particular, el Artículo 9 de la Ley N° 21.659 establece que “las entidades obligadas deberán coordinar sus actividades de seguridad privada con Carabineros de Chile, y conservar y poner a disposición de las autoridades respectivas todos los antecedentes, instrumentos, efectos y pruebas que obren en su poder y que permitan individualizar a los autores y demás partícipes en hechos que revistan caracteres de delito.” Esta disposición refuerza el deber del empleador de actuar con diligencia, trazabilidad y responsabilidad institucional.
Por otro lado, el hecho de que un guardia opere sin credencial OS-10 vigente y que la empresa no esté registrada, refleja una falla grave en el proceso de selección y fiscalización interna del hospital. En este sentido, es justo que el empleador asuma parte de la responsabilidad, no por las faltas individuales del prestador, sino por no haber implementado mecanismos de control y supervisión adecuados.
Desde mi experiencia en gestión preventiva, puedo afirmar que la seguridad privada debe ser abordada como un sistema integrado, donde cada actor prestador, contratante y fiscalizador cumple un rol complementario. La ausencia de coordinación y trazabilidad no solo vulnera la ley, sino que expone a los usuarios, funcionarios y bienes institucionales a riesgos evitables.
En conclusión, la justicia en la atribución de responsabilidades debe considerar el grado de diligencia del empleador. Cuando este omite sus deberes de verificación, planificación y control, no puede desligarse de las consecuencias operativas ni legales. La Ley N° 21.659, y en particular su Artículo 9, exige una cultura de cumplimiento compartido, donde la prevención, la trazabilidad y la legalidad sean pilares de toda contratación en seguridad privada.

El control, trazabilidad y cumplimiento es clave cuando se contrata un servicio, es decir, este no es gratis no estas solicitando un favor y tampoco la ley lo solicita así, es un deber, aun mas en una instalación como un hospital que es una instalación critica de uso masivo por la población. Si una instalación tan sensible como un hospital se equivoca aquí, no solo está en juego una multa: está en juego la seguridad física y emocional de pacientes vulnerables, familias y trabajadores. Gracias a esta ley la responsabilidad en compartida, empleado, empresa de subcontratación y también la persona que se dedica a la seguridad privada, se hace necesario que todos los actores se fiscalicen entre sí, denunciando cualquier anomalía a la autoridad competente

La Ley N° 21.659 establece requisitos rigurosos para la seguridad, que deben incluir altos estándares de control, trazabilidad y cumplimiento para proteger a las personas y los procesos productivos.
Es justo que el empleador cargue con las culpas del prestador de seguridad hasta el punto en que su negligencia en la prevención de riesgos, falta de supervisión o incumplimiento de normativas sea la causa del incidente.
La ley establece que el empleador tiene la obligación primordial de asegurar la seguridad y salud de sus trabajadores, por lo que se le presume responsable si no puede acreditar haber tomado todas las medidas necesarias para evitar un accidente.

Respecto a la situación descrita, mi análisis es que la responsabilidad debe ser compartida, aunque con matices, entre el Hospital San Rafael como entidad contratante y la empresa prestadora de servicios de seguridad.
Responsabilidad del Hospital San Rafael (Empleador Contratante):
El Hospital no puede desentenderse de su responsabilidad, ya que incurrió en un incumplimiento de deber de diligencia básica al contratar a una empresa no registrada y no solicitar un Estudio de Seguridad actualizado. La Ley N° 21.659 impone a las entidades que contratan estos servicios la obligación de verificar que el proveedor esté autorizado y que el servicio se preste conforme a la normativa, especialmente dado que la seguridad privada afecta directamente la integridad de personas y bienes.
Responsabilidad de la Empresa de Seguridad:
La empresa de seguridad es responsable de las faltas directas y graves, como operar sin estar inscrita en el Registro Nacional y permitir que un guardia sin credencial vigente desempeñara funciones. Estas acciones representan una negligencia propia al vulnerar normas esenciales de la regulación.
Conclusión:
La responsabilidad debe ser compartida para incentivar la corresponsabilidad que busca la ley. El Hospital es responsable por no verificar y supervisar adecuadamente, y la empresa por incumplir obligaciones fundamentales. Ambos actores deben cumplir su parte para asegurar una gestión de riesgos profesional y transparente.

En el caso del Hospital San Rafael, la fiscalización revela incumplimientos tanto por parte del prestador de seguridad como de la propia institución contratante. Bajo la Ley N° 21.659, la responsabilidad no recae únicamente en la empresa de seguridad; también el empleador que contrata estos servicios tiene obligaciones específicas que no pueden delegarse ni desconocerse.

Por ello, resulta parcialmente justo que el hospital cargue con parte de la responsabilidad. La normativa establece que toda entidad contratante debe verificar que la empresa esté inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que los guardias cuenten con acreditación OS10 vigente y que exista un Estudio de Seguridad actualizado. Ninguno de estos requisitos se cumplió, lo que refleja una falta de control y supervisión interna.

Aunque la empresa prestadora también tiene su cuota de responsabilidad por operar sin registro y con personal no habilitado, el hospital no puede argumentar desconocimiento, ya que la ley exige una revisión previa y permanente del servicio.

Considerando la pregunta y en respuesta de esta, creo que es justo que el empleador en este caso, el hospital asuma parte de la responsabilidad por las faltas del prestador de seguridad, porque la Ley N° 21.659 establece obligaciones compartidas entre la empresa de seguridad y la entidad que contrata el servicio. El hospital no solo debe contratar a una empresa autorizada y registrada, sino también verificar que los guardias cuenten con su credencial OS-10 y que exista un Estudio de Seguridad actualizado.
Si bien es cierto que la empresa de seguridad es directamente responsable de mantener las acreditaciones de su personal y de cumplir con la normativa, el empleador no puede desentenderse por completo. Por lo mismo, más que pensar en culpas, creo que este tipo de fiscalizaciones demuestra la importancia de la corresponsabilidad: la empresa de seguridad debe cumplir con la ley, pero el empleador debe supervisar y asegurarse de que el servicio contratado realmente lo haga. De lo contrario, se pone en riesgo la seguridad del recinto y el cumplimiento normativo.

En el caso del Hospital San Rafael, la responsabilidad no recae solo en la empresa de seguridad. La Ley N° 21.659 establece que el contratante también debe verificar que el prestador esté autorizado, inscrito en el Registro Nacional y que el personal cumpla con los requisitos legales. Si el hospital no revisó nada de esto, entonces también falló en su rol.
Ahora bien, la empresa de seguridad igualmente incurre en infracciones gravísimas al operar sin registro y enviar personal sin credencial OS-10 vigente. Pero eso no exime al contratante: la normativa funciona bajo un modelo de responsabilidad compartida.
Desde la experiencia en terreno, cuando el cliente no controla, el servicio se debilita y se generan riesgos operacionales. Por eso, aunque puede parecer duro, es justo que ambos (prestador y empleador) respondan. Así se asegura un estándar mínimo y se evita que la seguridad quede a la improvisación.

El incumplimiento de las disposiciones legales por parte de la empresa prestadora de servicio y la empresa contratante, al no verificar que los funcionarios de seguridad cumplan con la normativa que exige la ley 21.659, en donde se exigen una gestion rigurosa, etica y profesional. Pasaron por alto la no acreditacion vigente y no estaba formalmente inscritos en el registro nacional de seguridad privada. Esto se considera una infraccion grave, que puede acarrear sanciones tanto para la persona como para la empresa contratante, esto equive en una multa desde 15 hasta 650 UTM; posibilidad de clausura temporal del recinto, por incumplimientos como contratar personal no acreditado y no la actualizacion del estudio de seguridad.

En conclusión, la justicia en la atribución de responsabilidades debe considerar el grado de diligencia del empleador. Cuando este omite sus deberes de verificación, planificación y control, no puede desligarse de las consecuencias operativas ni legales. La Ley N° 21.659, y en particular su Artículo 9, exige una cultura de cumplimiento compartido, donde la prevención, la trazabilidad y la legalidad sean pilares de toda contratación en seguridad privada.

La normativa establece que toda entidad contratante debe verificar que la empresa esté inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que los guardias cuenten con acreditación Os10 vigente, que exista un Estudio de Seguridad actualizado. Ninguno de estos requisitos se cumplió, lo que refleja una falta de control y supervisión interna, en este caso el empleador es responsable de la correcta prestación del servicio, la ley Nro. 21.659 exige que los empleadores tienen la obligación de garantizar la seguridad y cumplir con los estandares que exige dicha normativa, a su vez la mencionada ley establece sanciones al empleador por incumplimientos graves.

Considero que es justo que el empleador asuma parte de la responsabilidad cuando el prestador de seguridad no cumple con la normativa, porque la Ley N° 21.659 establece que la responsabilidad en materia de seguridad privada es compartida. No basta con contratar a una empresa externa; el empleador debe verificar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales, que el personal tenga su acreditación vigente y que las medidas de seguridad estén correctamente implementadas.

En el caso del Hospital San Rafael, se evidencia una falta de control por parte del empleador. Se permitió que un guardia trabajara sin su credencial OS-10 vigente, se contrató a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada y, además, el hospital no contaba con un Estudio de Seguridad actualizado. Todas estas situaciones reflejan que no existió un proceso adecuado de supervisión, pese a que la normativa exige coordinación y verificación constante entre el usuario del servicio y el prestador.

Desde mi perspectiva, el empleador tiene un rol clave en garantizar que el servicio de seguridad funcione correctamente. Cuando no se realizan controles básicos, aumentan los riesgos operativos y normativos, afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios del establecimiento. Por eso, considero que la responsabilidad debe ser compartida: el prestador por no cumplir con la ley, y el empleador por no fiscalizar lo que contrata.

En resumen, la seguridad es un proceso conjunto y cuando una de las partes falla, se debilita todo el sistema. Por eso, es razonable que el empleador también deba asumir responsabilidad en este tipo de situaciones.

La ley 21.659 es bastante clara en las responsabilidades de cada quien, si bien el Hospital actúa de buena fe al confiar en que la empresa de seguridad da cumplimiento a las exigencias de la Ley no verifica que esto sea así. Si bien la responsabilidad de la obtención del certificado OS10 es personal, el empleador debe verificar que este requisito fundamental este vigente para contratar al guardia.
El hospital también está en incumplimiento frente a los requisitos básicos de esta nueva ley, no cuenta con estudio de Seguridad.

El empleador es el responsable, al no verificar que la empresa prestadora de servicios no se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada, que su personal se encuentre debidamente acreditado y mantener el estudio de seguridad actualizado y al no realizar coordinaciones con la empresa para verificar el cumplimiento de la normativa, ya que con esta Ley no pueden desentenderse de la legalidad del servicio, debiendo asegurarse que cumplan con la normativa vigente, si no son responsables solidarios de cualquier infracción.

Según la Ley N° 21.659, tanto la empresa de seguridad como la institución que contrata el servicio tienen obligaciones definidas respecto al cumplimiento de la normativa. Por ello, es razonable que el hospital también sea considerado responsable, ya que, como mandante, debe asegurarse de que la empresa contratada cumpla con todas las exigencias legales.
La norma exige que quien contrate servicios de seguridad verifique que la empresa esté inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que su personal tenga credencial OS-10 vigente y que exista un Estudio de Seguridad aprobado y actualizado. En este caso, el hospital no cumplió con ninguna de estas verificaciones, lo que evidencia falta de diligencia en su rol.
Asimismo, el artículo 8° de la Ley N° 21.659 establece que los usuarios de estos servicios deben garantizar que el funcionamiento del servicio sea legal, reforzando que la responsabilidad no es solo de la empresa de seguridad, sino también de quien la contrata
En conclusión, corresponde que el hospital asuma parte de la responsabilidad, ya que su omisión al revisar los requisitos legales contribuyó directamente a la irregularidad detectada. Una fiscalización equilibrada es necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

En el caso del Hospital San Rafael, la responsabilidad no recae únicamente en la empresa de seguridad contratada. La Ley N.º 21.659 —que regula los servicios de seguridad privada en Chile— establece explícitamente que el contratante también debe cumplir un rol activo en la verificación de requisitos. No basta con externalizar el servicio: el hospital tenía la obligación de comprobar que la empresa prestadora estuviera autorizada por la Autoridad Fiscalizadora, debidamente inscrita en el Registro Nacional, y que el personal asignado contara con sus credenciales OS-10 vigentes y cumpliera con los requisitos de idoneidad establecidos por la normativa.

Si el hospital no realizó estas verificaciones mínimas antes o durante la ejecución del contrato, entonces también incurrió en un incumplimiento de sus deberes legales. La normativa no presume buena fe pasiva: exige control, seguimiento y supervisión.

Por su parte, la empresa de seguridad igualmente incurre en infracciones gravísimas al operar sin registro y al destinar trabajadores que no contaban con la acreditación OS-10 valida. Estos hechos por sí solos configuran una vulneración grave del marco normativo que rige al sector y exponen tanto al cliente como al público a riesgos innecesarios. Sin embargo, ello no libera de responsabilidad al contratante, ya que la ley opera bajo un esquema de responsabilidad compartida, donde cada actor —prestador y usuario del servicio— debe asumir su cuota de diligencia.

Desde la experiencia práctica y operativa, cuando el cliente no ejerce control ni fiscalización sobre el servicio, éste se debilita, se pierden estándares y se generan brechas de seguridad que pueden derivar en incidentes serios. Por ello, aunque a primera vista pueda parecer una postura estricta, resulta razonable y coherente que ambos —la empresa prestadora y la entidad contratante— respondan por las deficiencias detectadas. Solo así se garantiza un nivel mínimo de profesionalización y se evita que un ámbito tan sensible como la seguridad privada quede entregado a la improvisación o a prácticas informales.

La perspectiva es atendible, aunque requiere ser precisada: tanto la Ley 21.659 como el Módulo 3 establecen que la responsabilidad principal recae en el proveedor del servicio de seguridad, quien debe contar con autorización vigente, estar inscrito y disponer de personal debidamente acreditado. No obstante, el contratante también asume cierto grado de responsabilidad, ya que si no verifica que la empresa figure en el Registro Nacional o que los guardias posean credenciales válidas, puede terminar compartiendo la falta por no ejercer la debida diligencia.
La afirmación de que “el empleador siempre responde por la seguridad y salud de sus trabajadores” se enmarca en la normativa laboral y no en la Ley 21.659. En el ámbito de la seguridad privada, el cliente solo incurre en responsabilidad cuando omite controles esenciales, no por el desempeño técnico del servicio. Por ello, la responsabilidad puede ser compartida, pero nunca absoluta.

La Ley N° 21.659 establece que la responsabilidad en materia de seguridad privada es compartida, tanto para la empresa contratante como para el empleador. Ambos deben mantener al día toda la documentación del personal, algo que no ocurrió en el caso del Hospital San Rafael.

Con la nueva ley, este aspecto debe mejorar y ordenarse, ya que ambas partes tienen la obligación de asegurar que el personal esté inscrito y actualizado en la SPD, organismo que cumple un rol principal en conjunto con Carabineros en la fiscalización y supervisión del sector.

Responsabilidad Compartida en Seguridad Privada según la Ley N° 21.659
El análisis de la situación del Hospital San Rafael concluye que la responsabilidad por incumplimiento de la normativa de seguridad privada (Ley N° 21.659) es compartida entre la empresa prestadora del servicio y la entidad contratante (el hospital).

Rol y Omisiones del Hospital (Mandante)
La ley rechaza la idea de que la responsabilidad se externaliza automáticamente al contratar un servicio. El hospital, como mandante o usuario del servicio, tenía la obligación legal de diligencia para garantizar que la operación fuese legal.

Las omisiones clave del hospital fueron:

No verificar que la empresa estuviera inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada (administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito).

No comprobar que el personal asignado contara con la credencial OS-10 vigente ni que cumpliera con los requisitos de idoneidad.

No exigir la existencia de un Estudio de Seguridad aprobado y actualizado, un requisito fundamental de la normativa.

Estas faltas evidencian una falta de control y supervisión, lo cual contraviene el espíritu del artículo 8° de la Ley N° 21.659, que exige al contratante asegurar la legalidad del servicio.

El Principio de Responsabilidad Compartida
Si bien la responsabilidad principal recae en la empresa de seguridad por operar sin registro y utilizar personal no acreditado (infracciones gravísimas), esto no libera al hospital. La Ley N° 21.659 opera bajo un esquema de responsabilidad compartida o solidaria.

Al omitir los controles esenciales, el mandante incurre en un incumplimiento propio de sus deberes legales. Esta postura, aunque estricta, es razonable, ya que busca:

Profesionalizar el sistema.

Fortalecer el control y evitar que un ámbito sensible quede entregado a la improvisación.

Garantizar que el servicio no se debilite por la pasividad del cliente.

En síntesis: Una fiscalización equilibrada debe sancionar tanto a la empresa (por operar irregularmente) como al hospital (por no verificar los requisitos legales mínimos), ya que la omisión de ambos contribuyó directamente a la irregularidad detectada.

La pregunta toca el núcleo del Principio de Responsabilidad establecido en la Ley N° 21.659. No se trata de “justicia moral”, sino de responsabilidad legal indelegable.

Es legalmente justo que el empleador cargue con la culpa porque la ley establece que la seguridad de sus bienes y personas es su Responsabilidad Primaria (Artículo 7).

Al contratar informalmente y no verificar la acreditación (OS-10, Registro Nacional), una Infracción Gravísima (Art. 104) por un error propio: permitir la operación de personal no autorizado.

La ley exige al titular ser el garante de que el servicio subcontratado cumpla con la normativa de Colaboración (Art. 8) y Complementariedad (Art. 9). Si el personal falla, se falla primero en el proceso de selección y fiscalización. La sanción, de 251 a 500 UTM, se aplica al titular como incentivo coercitivo para que ejerza su deber de diligencia y evite introducir riesgos al sistema de seguridad pública.

• Esta respuesta fue modificada hace 8 meses, 2 semanas por rudy erwin aguilera merino.

La ley establece el cumplimiento operativo que tanto la empresa mandante como la prestadora de servicio deben cumplir a cabalidad, por tanto, es también responsabilidad de la empresa mandante fiscalizar y tener registro de la empresa prestadora de servicios:
Se debe cumplir con autorización y registro ante la Subsecretaria.
Asegurrar requisitos del personal
Mantener información actualizada (en el caso del curso y credencial del guardia)
Facilitar fiscalización.

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659, la seguridad privada en Chile dejó de entenderse como una responsabilidad exclusiva del prestador del servicio, estableciendo un sistema de corresponsabilidad entre quien presta el servicio y quien lo contrata. En ese sentido, no resulta del todo injusto que el empleador —en este caso, el hospital público— asuma parte de las consecuencias cuando no verifica el cumplimiento normativo del proveedor.

La ley es clara al exigir que solo personas y empresas debidamente autorizadas y registradas puedan desarrollar actividades de seguridad privada. Asimismo, impone a las entidades obligadas el deber de contar con un Estudio de Seguridad vigente, aprobado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de coordinar sus medidas con los prestadores contratados. La omisión de estas obligaciones demuestra una falta de diligencia que contribuye directamente a las irregularidades detectadas.

No obstante, ello no exime al prestador de seguridad de su propia responsabilidad. La empresa incurre en infracciones graves al operar sin registro y permitir que personal sin credencial vigente preste servicios. Sin embargo, desde una perspectiva práctica y laboral, la experiencia demuestra que muchos incumplimientos se producen porque las entidades mandantes delegan completamente la seguridad sin ejercer control alguno.

En conclusión, la ley busca precisamente evitar esta desvinculación de responsabilidades. La carga compartida no es un castigo injusto, sino un mecanismo para fortalecer el control, la legalidad y la protección de derechos en un ámbito tan sensible como la seguridad en un hospital público.

Cuando hablamos de que un empleador cargue con las culpas del prestador de seguridad, podemos estar refiriéndonos a:

Responsabilidad civil: por daños que sufre un tercero debido a acciones u omisiones del prestador.

Responsabilidad penal: si la conducta del prestador constituye un delito.

Responsabilidad contractual: si hay incumplimiento de obligaciones acordadas en el contrato con el prestador o con un cliente.

Hata el punto que se logre corroborar que efectivamente las culpas son del prestador de servicios debido a ocultar información o no cumplir con los requisitos solicitados, en caso contrario la responsabilidad mayor debe recaer en el empleador ya que lo contrata al prestador de servicios de seguridad en conocimiento del déficit de documentación o capacidades para ejercer

Considero que sí es justo que el empleador o entidad contratante asuma parte de la responsabilidad cuando el prestador de seguridad incumple la normativa, especialmente bajo lo establecido en la Ley N.º 21.659. La nueva legislación establece un principio de corresponsabilidad, donde no solo la empresa de seguridad debe cumplir con los requisitos legales, sino también la entidad que contrata el servicio debe verificar que dichos requisitos se encuentren al día.
En el caso del Hospital San Rafael, existen incumplimientos graves tanto de la empresa prestadora como del hospital. Por una parte, la empresa incurre en faltas importantes al mantener un guardia sin credencial OS-10 vigente y operar sin estar inscrita en el Registro Nacional de Servicios de Seguridad Privada. Sin embargo, el hospital también presenta responsabilidad al no verificar la documentación de la empresa, no mantener actualizado el Estudio de Seguridad y no coordinar adecuadamente las medidas de control con las autoridades y el prestador contratado.
Desde una perspectiva práctica, las instituciones públicas y privadas tienen el deber de resguardar la seguridad de las personas que asisten a sus instalaciones. Por ello, no basta con delegar completamente la responsabilidad a una empresa externa. La contratación debe realizarse con procesos de revisión, supervisión y control permanente.
La Ley N.º 21.659 precisamente busca fortalecer la profesionalización y fiscalización del sistema de seguridad privada, evitando improvisaciones o contrataciones informales que puedan poner en riesgo a la comunidad. Por ello, la responsabilidad compartida resulta necesaria para asegurar servicios más seguros, transparentes y ajustados a la normativa vigente.